Tengo el placer de desayunarme cada mañana escuchando un breve podcast – emisión de radio en diferido a través de internet a cargo generalmente de particulares expertos en el tema del que hablan- sobre tecnología. El pasado jueves los escasos ocho minutos del capítulo del día versaron sobre la noticia del inminente cierre de Google News en España, espacio web que recopilaba hasta ahora los titulares de los principales medios de comunicación, y que ya de paso les generaba a éstos un importante tráfico de visitas hacia sus respectivas páginas web. El polémico artículo 32.2 de la nueva Ley de Propiedad Intelectual parece estar detrás del asunto, al establecer un pago irrenunciable a los medios de los que se toma la información, quieran o no, algo que el célebre buscador considera inasumible al no incluir publicidad en este servicio. Curiosamente esto no es así cuando son los medios tradicionales los que citan por ejemplo los titulares de los periódicos del día, o toman gráficos e informaciones, de forma lícita según parece, de terceros. Alemania, Francia o Bélgica han transitado ya por esta encrucijada, y los acuerdos fruto de complejas negociaciones han evitado en todos los casos la toma de medidas de este tipo. En el caso de Alemania los propios medios tuvieron incluso que rectificar y pedir a Google que volviese a indexar sus sitios web. España se convierte así en el primer país de los 70 en los que está operativo este servicio desde 2002 donde Google News tiene que cerrar, y ello a pesar de las reticencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Conocíamos también esta misma semana la sentencia contra la empresa Uber, que facilitaba hasta ahora a sus usuarios compartir coche entre particulares a través de sus servicios web, prohibiéndole operar en España.
La integración de la tradición con las nuevas herramientas tecnológicas y servicios web que nacen casi a diario fruto del ingenio y el talento visionario de muchos, en un país asfixiado por el paro, para poblar la nube, los tablets y los smartphones que casi todos llevamos en el bolsillo, supone sin duda un importante desafío para los poderes públicos. A mi modo de ver sin embargo este tipo de respuestas legislativas y jurídicas lejos de solventar la cuestión tan solo aplazan su solución. Dice el refrán que no se le pueden poner puertas al campo, y aunque es necesario compatibilizar el trabajo de los unos con el sustento de los otros, pretender impedir por decreto el desarrollo tecnológico – conducente por definición a facilitar la relación del ser humano con su entorno para su propio aprovechamiento – de la totalidad en favor de solo una parte dice bien poco de la capacidad de entendimiento y encuentro de espacios comunes que a nuestros legisladores se les supone.
Decía hace unos días José Luis Bonet, presidente de Freixenet, que España llega tarde a la globalización. Las limitaciones a las aportaciones de una frustrada ley de mecenazgo, la escasa implantación de prácticas filantrópicas en España y el tímido respaldo a las startups son buenos ejemplos. Mientras otros nos comen la merienda y miran hacia delante, aquí seguimos mirando hacia atrás o, en el mejor de los casos, mirándonos el ombligo. El miedo es mal consejero, y el temor al colega, el recelo ante lo que pueda pensar, hacer o idear, nos desvía del siempre fecundo camino de la libre competencia. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que solo el que se adapta sobrevive. Pretender construir los nuevos tiempos sobre cánones antiguos nos conducirá a un futuro con pies de barro. Ojalá algunos bajen de una vez de su nube para subirnos a todos a la nube.
[Publicado en el Diario de Ávila el 14 de Diciembre de 2014.]