La soberanía nacional reside en el pueblo español. Así reza el primer artículo de nuestra Constitución para continuar afirmando que de esa soberanía emanan los poderes del Estado. La redacción de este primer enunciado de nuestra Carta Magna no obedece ni a la casualidad ni a la improvisación, sino que se erige en piedra angular de todo su posterior desarrollo. Sus autores se cuidaron aquí de diferenciar soberanía y poder: la una reside en el pueblo, el otro no. De esta dialéctica constitucional nace el sistema de representación en el cual los poderes del Estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– pasan a manos de representantes, cargos electos o servidores públicos de carrera.
Es por tanto exclusiva competencia de éstos el ejercicio responsable del poder. Pero para que el poder propicie el progreso social es necesario además que sea suficiente tanto en el tiempo –las legislaturas lo son, o deberían serlo, de cuatro años– como en su alcance: aunque con prudencia y proporcionalidad, el poder debe detentarse siempre con firmeza para que sea realmente útil al fin para el que fue concebido en el marco constitucional. Otra cuestión es que los mecanismos de control que la división de poderes pretende garantizar funcionen adecuadamente. Pero ello no debe ser nunca óbice para que el poder, en manos de quien corresponda en cada momento, sea suficientemente amplio.
Todo este razonamiento viene al caso de la, para muchos, incuestionable afirmación de que cuantos más mecanismos de control existan, mayores garantías de crecimiento social se darán. A mí modo de ver, esto no es necesariamente así. Un poder innecesariamente fragmentado pierde su capacidad de obrar, provocando una falsa sensación de participación colectiva en su detención que con frecuencia puede no ser más que el eco de cantos de sirena de escaso recorrido y mínima repercusión real.
El intervencionismo en el ejercicio del poder no garantiza necesariamente su transparencia. Los, por virtud de la mala praxis de unos pocos, cada vez más complejos procedimientos de adjudicación pública o de cumplimiento fiscal, por ejemplo, no hacen sino ir en contra de los postulados de adelgazamiento de la administración que este país necesita. De hecho, cuantas más trabas encuentren el sufrido contribuyente, el joven emprendedor, o el abnegado autónomo, más posibilidades habrá de que nuestra ancestral picaresca pergeñe nuevos mecanismos de fraude.
Estos engañosos procedimientos de supuesta búsqueda de la transparencia suponen además un coste económico añadido. Deberían ser los propios integrantes de los equipos de trabajo, de los gabinetes de asesoramiento, y de las diferentes áreas de responsabilidad de las administraciones públicas quienes planifiquen, ejecuten y evalúen en primera instancia –en segunda ya lo haremos los ciudadanos con nuestro voto– las políticas que se ponen en marcha de la forma más directa posible. Cuanto menor sea el número de intermediarios, mayor será el control del gasto público y más efectivo el ejercicio del poder. Resulta por tanto paradójico contemplar como algunos defienden por un lado a capa y espada la no privatización de servicios públicos para fomentar por otro la creación de, a menudo, innecesarios mecanismos de control ideados para la galería, de escasa efectividad, y que tan solo buscan poner palos en las ruedas del legítimo ejercicio del poder.
[Publicado en el Diario de Ávila el 24 de Abril de 2016]