Que la corrupción está empañando el proceso de constitución del nuevo gobierno es evidente, aunque no lo es tanto que lo está haciendo en varios sentidos y con efectos dispares. Las hemerotecas demuestran que son pocos – por no decir ninguno – los que a este respecto están libres de pecado para andar tirando la primera piedra. Pobre argumento pues será este para tomar decisiones con la altura de miras y el sentido de Estado que la situación requiere. Muy posiblemente además estos pocos aun inmaculados pasarían a engrosar la lista de los impuros con algo de tiempo y unos cuantos millones de euros bajo su brazo gestor. Simplemente porque la corruptibilidad es una dolencia que aqueja a la especie humana, mal que nos pese, desde que se nos atragantó el fruto prohibido. El resto es tan solo probabilidad. Conviene por ello recordar que son las personas, y no los partidos o las instituciones – respetables entidades en la mayor parte de los casos – por ellas integradas, las que se corrompen. Y que son muchas más las que no lo hacen. Otra cosa bien distinta es que las democracias maduras deban disponer de mecanismos para atajar esta corrupción, preferentemente en origen, mediante la educación en el respeto y la información acerca de sus perversos efectos, o extirparla de raíz de forma rápida, efectiva y modélica, si el fraude está ya consumado. Siendo optimistas, los numerosos escándalos que estos últimos meses están siendo destapados dentro y fuera de la vida política pueden ser indicio de que esto último se está haciendo, al menos en parte.

Existe sin embargo un daño colateral a la corrupción que puede ser tan letal como el de meter la mano en la caja común para el lucro personal. No suele aparecer en los titulares de prensa, seguramente porque no suscita tan encendidos debates en la opinión pública. Su alcance puede sin embargo ser muy amplio y sus consecuencias igualmente nocivas: el miedo a cometer algún tipo de irregularidad en su ministerio público que puede atenazar a nuestros gestores, funcionarios y cargos de responsabilidad. Puede éste moverles a blindar sus decisiones, erradicando de la función pública la imprescindible capacidad de interpretación de la norma que flexibilice su aplicación y que dote de operatividad a la administración. Todo el que ha ocupado un puesto de responsabilidad sabe de lo que hablo. La Ley es una herramienta, nunca un fin en si mismo, y la común confianza en la correcta interpretación de la misma por parte de quien compete en cada caso es imprescindible para la estabilidad y el progreso social. Los diferentes cuerpos de la Administración del Estado deben – están obligados a – hacer prevalecer el espíritu de la norma sobre su literalidad. Y los ciudadanos debemos recuperar la confianza en ellos. El miedo, indeseable lastre en el camino hacia la normalización, dificultará de otro modo la consecución de acuerdos, la fluidez en las gestiones y la confianza de los inversores.

Se hace pues necesario en estos borrascosos tiempos capear el temporal desde la prudencia y mantener, contra viento y marea, la calma ante el despropósito ajeno. Quien nada tiene que ocultar, tampoco qué temer. La corrupción se ataja desde la firmeza, también judicial, pero sobre todo personal y profesional de cada uno. Desde la presunción de inocencia y la responsabilidad propia en nuestro entorno particular. De no ser así, el corrupto nos habrá arrebatado algo mucho más valioso que nuestro propio dinero.

[Publicado en el Diario de Ávila el 28 de Febrero de 2016.]