Durante las últimas semanas hemos visto como en determinados medios de comunicación se reabría el debate de la neutralidad en la red. A finales del pasado mes de Octubre el Parlamento Europeo votaba en contra de esta neutralidad, a la vez que aprobaba curiosamente la próxima eliminación del roaming –las abusivas tasas en telecomunicaciones móviles entre países de la Unión–, aunque con mucho menos bombo y platillo. Una de cal y otra de arena, parece ser, para tener a todos contentos. El concepto de neutralidad en la red hace referencia a la capacidad que pueden tener los prestadores del servicio de internet para modular, filtrar o controlar de algún modo el tráfico que circula por sus redes de datos. Es decir, el que una determinada compañía de telecomunicaciones estime por motivos de mercado, u otros que pueda argumentar con más o menos éxito, incentivar o restringir determinados contenidos al usuario que contrata sus servicios.

El asunto es ciertamente complejo. Por una parte están los que abogan porque la red de redes mantenga la esencia para la que nació: la democratización de la información y de los contenidos digitales para que lleguen al usuario de forma abierta, libre y universal. Por otra, los que argumentan que para que la red continúe su crecimiento tecnológico, y se fomente el desarrollo de un entorno comunicativo de calidad, es necesario un cierto grado de control sobre lo que circula por ella. Después están las operadoras, que van a lo suyo: ganar dinero.

Imaginemos por ejemplo que la operadora Telnorte firma un acuerdo con la red social Faceplus por el que el gigante tecnológico invierte miles de millones de euros en la infraestructura de la operadora para que a sus clientes les lleguen más y mejores megas a sus casas y a sus teléfonos móviles. A cambio, Telnorte priorizará el tráfico de la red social por su infraestructura, por ejemplo, no contabilizando los megas consumidos en la navegación por Faceplus a sus clientes dentro de sus límites mensuales. Seguro que la red social Twinper no tardaría en firmar un acuerdo con Telsur para hacer lo propio con sus servicios. Ahora bien ¿dónde termina la libre competencia y dónde comienza el secuestro de contenidos? Se empieza por las redes sociales y se pasa a la prensa del día o las emisiones televisivas por internet. Para acabar en los partidos de fútbol, lo cual sacaría, ahora sí, a la gente a las calles. Una cosa es pagar por contenidos a la venta y otra bien distinta no poder acceder, o hacerlo con trabas intencionadas, a los que se publican, de salida, gratuitamente.

Convendría recordar en este punto que la Unión Europea se construyó sobre unos principios fundacionales basados en la libertad, la democracia y la igualdad. Se trataba de no ponerle puertas al campo, de permitir la libre circulación de personas, bienes y servicios, en beneficio de todos los ciudadanos que la integran. Por eso, aunque el avance de la tecnología requiera de fuertes inversiones, en mi opinión estas no deben servir de excusa para traicionar la esencia misma de la Unión. Nuestros impuestos sirven precisamente para no depender en demasía de capitales privados que, aunque imprescindibles, deberían estar siempre bajo el control de las autoridades públicas. La demanda de contenidos de calidad se debería fomentar, una vez más, desde la educación al consumidor, para no tener que dejar que sean de nuevo las empresas las que decidan qué podemos o debemos consumir.

[Publicado en el Diario de Ávila el 8 de Noviembre de 2015.]