La palabra gratis, procedente del latín gracia, viene a definirse como lo que se hace o da sin pago o compensación alguna a cambio. En estos tiempos de rebajas, ofertas y descuentos, el vocablo ha pasado a convertirse en el mejor reclamo publicitario. Sin embargo el concepto no está exento, si uno lo piensa detenidamente, de matices mucho menos atractivos.

Durante los años de bonanza —cuando ataban a los perros con longaniza, como suele decir mi padre— muchos trataron de convencernos de las virtudes de lo gratis: no discrimina a nadie, es cierto, pero deja en un magnífico lugar al que lo oferta, y lo que es más relevante para él, “engancha” al consumidor —léase votante— para el futuro. Nadie se preguntaba de dónde salía el dinero para pagar esta supuesta gratuidad, aunque en muchos casos era de nuestro propio bolsillo, como el tiempo se ha empeñado en demostrarnos.

Un ejemplo más sutil lo encontramos en los servicios on-line que utilizamos cada día. Estos servicios, como el que gentilmente nos ofrece nuestro buscador de cabecera en forma de cuenta de correo electrónico, suelen ser también gratuitos, aunque suelen perseguir fines comerciales. Hace unos días uno de estos populares servicios “en la nube” dejó de funcionar durante todo un fin de semana. El problema no era tanto la interrupción del mismo como la incertidumbre del usuario: si estos servicios a los que confiamos nuestros documentos, comunicaciones y fotos familiares dejan de funcionar, ¿a quién podremos pedir cuentas? En este caso se trataba de un mero problema técnico, pero no sería el primero en el que la empresa decide, simplemente como estrategia de marketing, cerrar un servicio al que están suscritos cientos de miles de usuarios. Es su negocio: no se trata de caridad. Sin embargo, cuando estos servicios son de pago, el contrato implícito entre usuario y empresa genera una serie de responsabilidades y compromisos muy saludables para ambas partes. Pago, luego exijo.

En el ámbito de la cultura el efecto de la gratuidad mal entendida puede llegar a ser también muy cuestionable. Todos hemos padecido alguna vez a ese público escasamente interesado en el evento gratuito al que asiste, que entra y sale a su antojo molestando a los demás, o acudido a espectáculos de cuestionable calidad, fruto de la cultura del “todo vale”, y destinados a menudo tan solo a engrosar la memoria de actividades de la entidad programadora. Un mínimo precio de la entrada elimina este tipo de situaciones y contribuye además a un micromecenazgo que hace a su vez al público partícipe de la realidad cultural de su entorno.

Ello no quiere decir, por supuesto, que los servicios esenciales no deban ser “gratuitos“ —esto es, abonados con nuestros impuestos—, o que el grueso de la inversión en fines sociales no deba seguir procediendo de los poderes públicos y de las entidades implicadas en esta gestión. Sería una irresponsabilidad no seguir demandándolo, por supuesto, pero las cosas tienen siempre un valor, que es diferente de su precio. El primero es intrínseco, el segundo no. Un precio justo, fijado con acierto en base a las posibilidades del entorno socio-económico, no solo no obstaculiza el desarrollo social y cultural sino que contribuye a él. Es este un cambio de modelo que aún tenemos que recorrer, pero que puede conducirnos a un futuro sostenible sin los sobresaltos económicos que hemos padecido estos años. Ya lo decían nuestros abuelos: nadie da duros a peseta. Y es que el trueque de lo gratis, dependiendo de quien proceda, tarde o temprano puede pasarnos la correspondiente factura.

[Publicado en el Diario de Ávila el 19 de Enero de 2014.]